Ginebra, 19 Jun (Notimex).- Una tendencia preocupante en el año 2011 fue el aumento en el número de ataques contra periodistas en todo el mundo, afirmó hoy aquí el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la libertad de expresión, Frank La Rue.
Estas agresiones van desde arrestos y detenciones arbitrarias, ataques verbales y físicos, la confiscación o destrucción de equipos, así como los asesinatos, dijo La Rue al presentar su informe anual ante la XX sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU.
Hizo hincapié en que la protección de los periodistas requiere un enfoque integral que incluye medidas materiales, legales y políticas de protección, incluida la condena pública de los ataques y el apoyo a la libertad de prensa por parte de funcionarios de alto nivel.
"La cuestión de la protección de los periodistas ha sido un componente central de mi mandato", subrayó La Rue.
Recordó haber abordado el tema en el pasado a través de varios informes al CDH y a la Asamblea General de la ONU.
"He decidido dedicar mi informe al Consejo sobre esta cuestión una vez más debido a la continua represión de los periodistas y la libertad de prensa en todo el mundo", externó.
El objetivo de estas acciones, destacó, "es la supresión de la información considerada "inconveniente", así como las restricciones crecientes impuestas a los periodistas que difunden información a través de internet".
Definió que un ataque contra un periodista es no sólo una violación de su derecho a difundir información, sino también una violación de la garantía de los individuos y la sociedad en general a "buscar y recibir información e ideas de toda índole".
"Sin respeto por el derecho a la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, es imposible crear una sociedad informada, activa y comprometida, que es esencial para la transparencia y la participación democrática", manifestó.
Una agresión "contra un periodista, por lo tanto, puede ser concebida como un ataque contra la democracia", afirmó el relator.
Indicó que "la muerte o la situación de los periodistas extranjeros en situaciones de conflicto armado con frecuencia llama la atención de la comunidad internacional".
Empero mostró preocupación por los periodistas locales "que se enfrentan a riesgos cotidianos y violaciones de sus derechos en situaciones que no han alcanzado el umbral de un conflicto armado, pero puede ser caracterizado por la violencia, la anarquía y/o represión".
Esas violaciones, añadió, van desde restricciones a la circulación, incluidas las deportaciones y la denegación de acceso a un país o una zona determinada; arrestos y detenciones arbitrarias, en particular durante las crisis o manifestaciones públicas.
Asimismo, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual contra las mujeres periodistas.
Además, confiscación de equipos, robo de información, la vigilancia ilegal, robos, intimidación, acoso, incluido el de los miembros de la familia, amenazas de muerte, la estigmatización y campañas de desprestigio, los secuestros, las desapariciones forzadas y asesinatos.
La Rue refirió que los autores de los ataques contra periodistas van desde actores estatales hasta no estatales, tales como los grupos delictivos organizados, fuerzas de seguridad o grupos paramilitares.
Los periodistas que informan sobre cuestiones tales como violaciones de los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado, tráfico de drogas, las crisis públicas, manifestaciones, o las cuestiones ambientales, en especial sobre los proyectos mineros y de infraestructura, están en riesgo particular, puntualizó.
Periodistas online y blogueros también se enfrentan a otras formas de acoso, la intimidación y la censura, como la piratería en sus cuentas, la supervisión de sus actividades en línea, los arrestos y detenciones arbitrarias, así como al bloqueo de sitios web que contienen información que son críticos de las autoridades.
Puso de ejemplo a la periodista mexicana María Isabel Macías Castro, cuyo cuerpo fue encontrado con una nota indicando que ella había sido asesinada por la transmisión de noticias en los sitios web de redes sociales.
Eso pone de relieve los peligros que enfrentan los periodistas que difunden su trabajo a través de plataformas en línea, señaló el relator de la ONU.
Dijo que "según el Comité para la Protección de los Periodistas, casi la mitad de los 179 periodistas encarcelados en 2011, fueron aquellos cuyo trabajo apareció en línea".
Criticó que los Estados usen las leyes penales sobre la difamación, la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo para reprimir la disidencia y la crítica, incluso en las políticas gubernamentales, las violaciones de derechos humanos y las denuncias de corrupción.
Tal "acoso judicial" genera un clima de miedo y propicia la autocensura. Por consiguiente, "reitero mi llamado a todos los gobiernos a despenalizar la difamación y derogar o modificar la legislación al respecto", manifestó.
La Rue hizo hincapié en que los periodistas no deben ser considerados responsables de la recepción, almacenamiento y difusión de información clasificada que se obtuvo de una manera que no es ilegal, incluyendo las filtraciones y la información recibida de fuentes no identificadas.
Destacó que "tampoco podrán ser obligados a revelar sus fuentes de información".
Instó a todos los Estados a facilitar el acceso a los archivos históricos de la información oficial para que los periodistas, académicos y víctimas de derechos humanos para establecer la verdad sobre violaciones en el pasado.
El problema de la creciente violencia contra los periodistas no es la falta de normas legales, pero sí "la falta de aplicación de las normas existentes", consideró.
"Es el fracaso de los Estados a adoptar medidas preventivas eficaces, así como su falta de voluntad o incapacidad para investigar y enjuiciar a los responsables lo que continúa alimentando la violencia contra los periodistas", subrayó.
"Para abordar el problema de la impunidad, debemos mirar a sus raíces, si se trata de falta de voluntad política para llevar a cabo investigaciones o un inadecuado marco legal y un sistema judicial débil, la falta de pericia de los agentes del orden y los órganos judiciales, la negligencia o la corrupción", agregó.
"Como las causas de la violencia contra periodistas y la impunidad varían de un contexto a otro, las estrategias o mecanismos de protección diseñados para proteger a los periodistas deben adaptarse a las necesidades locales", estableció.
Debe incluirse además el "contexto específico de la consideración de las diferentes necesidades de los periodistas a través de consultas y la participación de los propios periodistas", recomendó el relator de la ONU para la libertad de expresión.
En ese sentido, reconoció las medidas adoptadas por los gobiernos de México y Colombia encaminadas a la protección de los comunicadores.
En México se creó la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión y la ley para penalizar la violencia contra los periodistas.
En Colombia fue creada una Unidad Nacional para la Protección de Periodistas que ofrece a los comunicadores asistencia material, tales como vehículos blindados y traslados de emergencia de zonas de conflicto a zonas seguras.
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