SANTIAGO DE CHILE (AP) — El oficialismo persigue que se procese a la ex presidenta Michelle Bachelet, junto con las autoridades de protección civil de su gobierno que no alertaron de un tsunami que, hace dos años, mató a 181 personas que no se salvaron porque nadie les avisó que escaparan a tierras altas.
Bachelet, 2006-2010, es hasta ahora la única amenaza real para que la derecha política siga en el poder luego de las elecciones presidenciales del próximo año, en el caso de que se decida a abandonar su importante cargo en ONU Mujer y volver a la arena política.
Las demandas oficialistas para que la ex mandataria enfrente su responsabilidad política por las muertes que ocasionó el maremoto que siguió al terremoto del 2010, se sucedieron a las críticas opositoras por el retraso en la reconstrucción de viviendas, que obligarán a miles de familias a pasar un tercer invierno en casas de emergencias, hacinados en campamentos.
"Han existido formalizaciones y el país las conoce. Respecto a las responsabilidades políticas, uno siempre tiene que pensar que las responsabilidades también comprenden y comprometen a todo un equipo que estaba a cargo de la emergencia", dijo el lunes el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en clara alusión a Bachelet.
Numerosos diputados de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente antecedieron a Hinzpeter en sus acusaciones sobre la supuesta responsabilidad de la ex mandataria porque no se emitió la alerta de tsunami enviado por la armada media hora después del terremoto, aunque el organismo la retiró casi una hora después, cuando las poderosas olas seguían arrasando con el litoral del centro sur chileno.
"Vamos a tener elecciones en dos años más, y nuevamente los ciudadanos, incorporando las responsabilidades políticas de este tipo de situaciones y muchas otras cosas, van a resolver si quieren que siga gobernando la Coalición por el Cambio (oficialista) o que vuelva a gobernar la Concertación (la coalición opositora de centroizquierda)", opinó Hinzpeter.
Los ataques a Bachelet se desataron el viernes último, cuando un comunicado de la Fiscalía Nacional anunció que levantará cargos por "presuntas responsabilidades penales en relación con la falta de alerta a la población sobre el tsunami que afectó la zona centro sur del país en la madrugada del 27 de febrero de 2010, con resultado de 156 muertes y 25 desaparecidos".
Otras 343 personas murieron aplastadas por la caída de edificios y viviendas producto del terremoto de 8,8 de magnitud. El tsunami no mató más personas porque la sabiduría popular hizo que miles de personas escaparan hacia los cerros.
La investigación de la fiscal Solange Huerta estableció que hay antecedentes que "permiten presumir la existencia de delitos culposos en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población".
Los tribunales fijaron el 7 de mayo para que Huerta pida el procesamiento de las máximas autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, de tres oficiales del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la armada, y de un responsable del instituto de sismología.
Huerta declaró recientemente que el plan de emergencia de la Onemi "no establece una responsabilidad para los Presidentes o ex Presidentes de la República".
"Lo que estamos investigando son responsabilidades del tipo penal, es decir, saber qué personas tenían responsabilidad técnica en la toma de decisiones, técnica", agregó la fiscal.


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